Normativa Medioambiental en Chile: Nuevas herramientas para el Mundo Privado en la Conservación del Patrimonio Natural

Germán Guzmán Gundermann para LOFscapes
07.03.2017

 


En el Chile de los últimos años ha habido un creciente ímpetu por actualizar la manera en que nos hacemos cargo de nuestros recursos y patrimonio natural, lo que se ha visto reflejado en la producción de una serie de legislaciones para alcanzar dicho objetivo. Nuestro columnista invitado de esta semana nos plantea cuál es el estado actual de estas políticas y cuál es la implicancia que este “nuevo panorama normativo” puede tener para nuestro desarrollo cultural, poniendo sobre la mesa la importancia de hacerse cargo de ellas desde los distintos roles en que individuos, comunidades e instituciones operan.


El evidente sentir de las distintas comunidades a nivel nacional y las discusiones políticas con respecto a temáticas medioambientales y energéticas han derivado, en los últimos años, en una serie de proyectos normativos que buscan cambiar la manera de hacerse cargo del territorio nacional (1). El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) ha sido la figura legal con la que, desde 1984, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha administrado los recursos naturales, de biodiversidad y paisajísticos representativos de nuestro territorio nacional con fines de conservación (2). Sin embargo, a lo largo del tiempo este sistema no solo ha evidenciado falencias en cuanto a su administración y coherencia con los objetivos de conservación (3), sino que además ha puesto en evidencia que la administración centralizada de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) no es suficiente como para abarcar los desafíos que nuestro territorio y sociedad demandan en esta materia.

En conjunto con el desarrollo del SNASPE, el mundo privado, en sus distintas escalas — individuos, ONGs, empresas, etc. — han manifestado un interés por aportar a la conservación del patrimonio natural de nuestro país. Esto ha sido un desafío en cuanto a su gestión, al no existir un resguardo normativo que ampare e incentive dichas iniciativas. Es por esto que han habido diversos esfuerzos políticos por promulgar leyes que favorezcan el interés privado por la conservación natural (4).

Sin embargo, la única de las iniciativas de los últimos años que ha buscado dotar de herramientas normativas al mundo privado en materia de conservación, y que ha logrado pasar por ambas cámaras legislativas para convertirse en ley, es el Derecho Real de Conservación (5). Esta normativa, aprobada a mediados del 2016, consiste en la incorporación de una figura legal al derecho de propiedad con el fin de proteger los predios privados cuyos propietarios tengan interés en conservar algún aspecto medioambiental de aquéllos.

Con esta herramienta, las barreras que tiene el privado para establecer este compromiso de conservar un aspecto medioambiental del predio disminuyen, al no tener que ceder los derechos de uso, goce y usufructo para obtener este fin; o sea, el propietario puede hacer lo que el Derecho de Propiedad le permita en su terreno, mientras no infrinja el compromiso establecido en materia de conservación.

Otra característica que hace interesante a la herramienta, es que permite que una vez inscrito el contrato se establezcan las cláusulas que protegen al territorio en algún aspecto medioambiental por una unidad de tiempo definida (pudiendo ser perpetua), y que cualquier persona pueda hacer valer este derecho, incluso al dueño del predio, siendo además este gravamen transferible. Estas dos características hacen que la disposición futura del propietario frente a qué hacer con el terreno deje de ser una incógnita, sea quien sea que en ese momento tenga el derecho de propiedad, ya que de cualquier modo debe respetar dicho acuerdo. Es por esto que la proyección de los objetivos de conservación a un largo plazo se hacen más factibles y, por tanto, aumentan los posibles interesados en invertir en ellos.

Esta nueva herramienta legal posibilita proyectar escenarios muy propicios para el desarrollo cultural del país, sostenido desde su patrimonio natural y despertando el interés privado, que es el más difícil de ‘conquistar’ cuando se trata de beneficios tan intangibles y a tan largo plazo. Esto va desde incorporar la conservación al mundo inmobiliario, hasta motivar a filántropos que quieran destinar sus tierras en desuso con este fin (6). Pero además, puede ser una herramienta útil para hacerse cargo de problemáticas medioambientales y culturales que hasta hoy no han encontrado solución, como por ejemplo, la protección de tierras indígenas del desarrollo industrial o urbano, así como también la frágil relación entre los Parques Nacionales de nuestro país y los predios que los circundan.  

Evaluando la apremiante contingencia de los incendios forestales de este 2017 que hasta hoy nos indignan y a la vez nos conmueven, no sólo por el daño social, comunitario y productivo, sino también por la devastación medioambiental que han generado, es posible afirmar que este tipo de catástrofes ponen nuevamente en la palestra la discusión sobre la reevaluación de las políticas de emplazamiento y mitigación, donde el Derecho Real de Conservación podría jugar un rol clave en el proceso de reconfiguración de las zonas afectadas, como de las que podrían estarlo. Es relevante recordar que estos eventos son elementos de crisis que nos han vulnerado reiteradamente a lo largo de nuestra historia y, por lo tanto, proyectar soluciones a largo plazo parece ser una propuesta sensata que podría ser facilitada con esta nueva herramienta normativa, capaz de gestionar y aunar esfuerzos públicos y privados en materia de planificación y de anticipación a dichas catástrofes.

Si bien uno puede especular sobre los escenarios en los que esta ley puede aportar, cabe cuestionar la pertinencia de ésta, si en la práctica no es utilizada. ¿Qué sentido tiene, si esta ley queda guardada en el cajón de la desconfianza, como una herramienta legal más carente de legitimidad? Más que la planificación de los beneficios del Derecho Real de Conservación, existe una vital importancia del rol público y privado en difundir y aplicar esta ley. El Derecho Real de Conservación tiene el potencial expuesto en esta columna, siempre y cuando sea apropiada por las variadas culturas que este país alberga y que constantemente han tenido conflictos no resueltos sobre medioambiente; ya sea de la vereda del que se ve afectado con su pérdida, como desde la de quién quiere compensar algún daño producido o, si se quiere, de quién vea la oportunidad de aportar a los diversos paisajes que nuestro extenso país posee.

Germán Guzmán Gundermann es estudiante del Magister de Arquitectura del Paisaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro de Fundación Legado Chile, organización dedicada a la conservación del patrimonio natural del país. 


Notas:
(1) Entre los proyectos normativos sobre conservación del último tiempo destacan: la Ley de Donaciones en Materia de Medioambiente (ingresado el 2014, actualmente en primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados), la Ley de Protección de Glaciares (del 2006, desarchivado el 2010 y actualmente en primer trámite constitucional de la Cámara del Senado), la Ley de Delitos Ambientales (del 2014, en primer trámite legislativo de la Cámara del Senado), la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (creado el 2011, retirado de trámites legislativos el 2014) y la Ley que crea el Derecho Real de Conservación (del 2008, promulgada como tal el 2016).
(2) Ver Ley 18.362 (1984), “Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado”, Biblioteca del Congreso Nacional <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29777&tipoVersion=0>.
(3) Ver la columna de Tomás Gárate (2015), “Sobre el (des)protegido Patrimonio Natural de Chile” para LOFscapes <http://www.lofscapes.com/blog/2015/8/5/sobre-el-desprotegido-patrimonio-natural-de-chile>.
(4) Ver listado de Áreas Silvestres Protegidas catastradas por la institución “Así Conserva Chile” y el informe del MMA con el GEF/PNUD sobre el catastro de iniciativas privadas de conservación en Chile. En <http://asiconservachile.cl/quienes-somos/nuestros-socios-mapa.html> <http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/2013/08/2452/>
(5) Ley 20.930 (2016), “Derecho Real de Conservación Medioambiental”, Biblioteca del Congreso Nacional <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1091906>.
(6) Ejemplos concretos de proyectos exitosos donde existiría un área de crecimiento fértil del Derecho Real de Conservación en Chile son la Reserva Ecológica Oasis la Campana, proyecto inmobiliario liderado por Mauricio Moreno que en los años ‘90 dejó más de 10 000 ha a la conservación de bosque nativo contiguo al Parque Nacional la Campana en la Región de Valparaíso (ver fig.1 y http://www.reserva.cl/) y el Parque Karukinka, que abarca 272 000 ha de parque de conservación privado adquirido por la Wildlife Conservation Society el 2004, con el fin de conservar el ecosistema de la isla de Tierra del Fuego en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena (ver fig.2 y http://www.karukinkanatural.cl/).

Leyenda Imágenes:
(1) Reserva Ecológica Oasis la Campana, Región de Valparaíso [2016, Proyecto Inmobiliario y de Conservación] © Germán Guzmán para LOFscapes
(2) Parque Karukinka, Región de Magallanes y la Antártica Chilena [2015, Parque Privado de Conservación] © Germán Guzmán para LOFscapes
(3) Parque Pumalín, Región de los Lagos [2014, Parque Privado de Conservación y Turismo, declarado Monumento Nacional el 2005] © Germán Guzmán para LOFscapes